Proyecto Inmobiliario busca ser construido en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter

tres bocas. J Pallares

El santuario es reconocido como Área Silvestre Protegida y amparado internacionalmente por el convenio RAMSAR

Durante el año 2013 se generó un conflicto en la zona de la isla Tres Bocas a raíz de la denuncia realizada por el entonces Seremi de Medio Ambiente, Daniel del Campo Akesson, quién dio a conocer la intervención del lugar para construir un proyecto inmobiliario llamado “Ribera de la Dehesa”. Dicha denuncia terminó con la clausura de las obras que incluían loteo de parcelas, tala de bosque nativo, ensanchamiento de caminos e intervención en cursos de agua.

El caso llegó hasta el Tribunal Ambiental y luego a la Corta Suprema, la cual resolvió que el proyecto inmobiliario efectivamente se encuentra dentro de los límites del santuario. Es consecuencia, el Ministerio de Medio Ambiente emitió el Decreto N°41 durante el año 2015, el cual reconoce que la Isla Tres Bocas se encuentra dentro de los límites oficiales del Santuario de la Naturaleza declarado en el lecho, islas y zonas de inundación del Río Cruces y Chorocomayo, por medio del Decreto Nº 2.734 del año 1981 del Ministerio de Educación.

El conflicto reflotó en octubre de 2017 cuando José Carlos Aguirre, representante de Carlos Montoya Villarroel  – dueño de un predio en la península Tres Bocas-, solicitó la invalidación del decreto al Ministerio de Medio Ambiente argumentando que carece de fundamentación. Cabe recordar que en el año 2014  Montoya fue detenido por intervenir ilegalmente el humedal.

Sin embargo, Comunidad Humedal, asociación de  organizaciones sociales para la conservación socioambiental del humedal del rio cruces, aportó antecedentes ante el recientemente nombrado Seremi de Medio Ambiente, Daniel del Campo Akesson, argumentando que existen razones de fondo para rechazar la solicitud de invalidación.

En la reunión realizada durante la mañana del día miércoles 28 entre parte del directorio de Comunidad Humedal y el Seremi, se discutió sobre los límites geográficos del humedal y la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente, otorgada por la Corte Suprema, de evitar proyectos que puedan causar impacto ambiental en el santuario.

Pedro Guerra, Presidente de Comunidad Humedal, señaló que “es un proceso administrativo complicado que merece toda nuestra atención” e indicó que debido a la complejidad del tema, es necesario proveer metodologías y mecanismos de difusión y participación con mayor pertinencia territorial. Por último, se hizo entrega de una carta dirigida a la Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos Sigall, la cual detalla todos los argumentos  históricos y geográficos para rechazar la solicitud de intervención en el humedal.

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